Uno de los dos conscriptos de la Brigada Motorizada N°24 "Huamachuco" que permanecen internados en el Hospital Militar tras un ejercicio en la comuna de Putre, sufrió la amputación de una de sus manos.
La ministra en visita del caso, Jenny Book, lo informó este jueves, desde la zona en la cual se desarrolló la marcha que culminó con la muerte de Franco Vargas, de 19 años, el pasado 27 de abril.
La presidenta de la Corte Marcial reveló que "en el día de ayer (miércoles), a uno de los conscriptos se le amputó su mano y otro se mantiene en estado grave: están ambos sedados en el Hospital Militar, en Santiago".
Aunque admitió no contar con más antecedentes desde que asumió como ministra en visita, hace poco más de 24 horas, "quiero transmitir a las familias que trataré de reunirme con ellos y darles la mayor información, creo que eso es importantísimo".
En ese sentido, prometió que hará "todo lo posible para que esto sea transparente", puntualizando que "la Justicia Militar no es que no sea transparente, es que está con el sistema antiguo, por esa razón el sistema es secreto".
En cuanto a sus diligencias en Putre por la muerte del conscripto, indicó que hasta el momento, "hice la caminata que él hizo, fui al lugar donde durmieron los conscriptos esa noche, vi los camarotes, pude apreciar los baños y el lugar donde él se desplomó".
"Después fui a la primera atención médica, que es un hospital de campaña donde le pusieron oxígeno y (le hicieron) reanimación. Tomé varias declaraciones que fueron muy provechosas", añadió Book.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos ingresó una querella por constantes apremios ilegítimos contra al menos 45 jóvenes de ese regimiento, mientras que el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, admitió que existen indicios de "falsedades y tergiversaciones" en las primeras versiones de lo ocurrido.
¿PUEDE HABER CAUSAS PARALELAS?
La acción legal del INDH también solicita que el caso se lleve exclusivamente en la Justicia ordinaria, y con ese fin, un equipo de esa entidad está instalado en la Región de Arica y Parinacota para entablar comunicación con el Ministerio Público, que aún evalúa si toma la indagatoria, que actualmente lleva la Fiscalía Militar -que solicitó la designación de la ministra en visita-.
"Quien controla la investigación y quien investiga fundamentalmente es la Fiscalía, no el Instituto, que propone diligencias, y básicamente ofrece colaboración en nuestro rol de querellante", indicó en esta jornada David Bahamondes, jefe (s) de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto.
A la vez, reafirmó que Chile ha suscrito "tratados internacionales que, por mandato de la Constitución, disponen que las violaciones a los derechos humanos tienen que ser conocidas por la Justicia ordinaria".
En ese marco, el fiscal nacional, Ángel Valencia, planteó que es incompatible que se desarrollen dos investigaciones paralelas, y precisó que la Fiscalía Regional de Arica evalúa si toma el caso.
Según el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, "se puede avanzar en las primeras diligencias de manera paralela, pero desde luego, ya en el avance de la investigación, esto tiene que tener una sola cabeza en su conducción; si no, puede transformarse en una situación no solamente ineficiente, sino que además pueden generarse situaciones de entorpecimiento de un investigador o de otro".
"La Fiscalía debe realizar las primeras diligencias hasta que este asunto no sea resuelto, probablemente a través de una contienda de competencia que se trabe entre la justicia militar y la Justicia ordinaria, lo que deberá resolver la Corte Suprema", anticipó el líder gremial.
Este viernes el Presidente Gabriel Boric recibirá en audiencia el general Iturriaga, jefe del Ejército, en La Moneda.
