Fiscalía solicitó esta diligencia con el propósito de realizar una nueva autopsia, aplicando el Protocolo de Minnesota.
En tanto, la discusión sobre la inhibitoria de competencia entre la justicia militar y la justicia ordinaria ingresó este jueves a la Corte Suprema, con carácter reservado.
Más de 250 funcionarios policiales se desplegaron ayer en el Cerro Chuño para evitar la instalación de nuevas estructuras de Los Gallegos, brazo de esta banda criminal.
"Seguimos teniendo en la región todos los elementos que hicieron atractivos la zona geográfica para que estos sujetos se instalaran", advirtió Mario Carrera, persecutor regional.
Más de 200 funcionarios se desplegaron para "desarticular nuevas estructuras reorganizadas de Los Gallegos y otras redes criminales que operan en el lugar", informó la PDI.
Hay al menos cinco detenidos.
Mario Carrera indicó que "se hizo una autopsia sin efectivamente la rigurosidad de esos protocolos (internacionales)".
La ministra en visita Jenny Book había resuelto que el Juzgado de Garantía de Arica dejara de conocer la causa, pero éste reivindicó su jurisdicción.
"Es un triunfo para los derechos humanos", reaccionó la directora del INDH, Consuelo Contreras.
Ángel Valencia enfatizó la importancia de esclarecer la muerte de Franco Vargas y determinar posibles responsabilidades penales.
Ministra en visita había pedido que la indagatoria quedara en la justicia militar.
"Queremos que haya justicia, que se sepa toda la verdad, que este caso no quede en impunidad", afirmó la vocera Camila Vallejo.
Para el alcalde de Putre, Javier Tito Huaylla, el "centralismo" del Ejército jugó en contra de la transparencia de este caso.
La víctima fue hallada en un sector cercano al Cerro Chuño.
Fiscalía realiza diligencias para establecer si el homicidio está vinculado al crimen organizado.
El organismo recibirá al fiscal regional, Mario Carrera; el delegado presidencial regional, Ricardo Sanzana; el alcalde (s) de Putre, Javier Tito Huaylla, entre otros.
La directora del instituto, Consuelo Contreras, señaló que lo que ocurrió "corresponde a violaciones a los derechos humanos. Estas las debe investigar la justicia ordinaria".
La justicia acreditó que los Ilícitos fueron perpetrados entre los años 2020 y 2022, en la comuna de Arica y en la localidad de Codpa.
Al imputado se le impuso la pena especial de inhabilitación absoluta perpetua para cargos o empleos ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren relación con menores de edad.
Jenny Book informó que remitió al Juzgado de Garantía de Arica una resolución inhibitoria de competencias para impedir que siga conociendo la causa por la muerte de Franco Vargas.
En caso de que el tribunal estimase que ella "no es la competente para conocer de estos hechos", dichos antecedentes deberán elevarse ante la Corte Suprema.
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